miércoles, 4 de noviembre de 2009

NOTICIA

AVANCE. SECTOR TRABAJO CULMINA PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Reconocimiento de buenas prácticas laborales en 2010

MTPE certificará a empresas por mantener adecuado clima laboral

Ministra García impulsa debate de la nueva ley procesal de trabajo

A partir del próximo año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) podría iniciar el otorgamiento de los certificados de buenas prácticas laborales para reconocer el esfuerzo de aquellas empresas que adoptaron medidas creativas para promover y defender los derechos de los trabajadores, así como mantener un adecuado clima laboral.

Así lo informó la titular del sector, Manuela García, quien aseguró que ya está listo el proyecto de responsabilidad social empresarial (RSE), el cual tendrá que ser revisada y puesta en consideración de los empleadores, para enriquecer el documento final con sus aportes, a fines de noviembre.
“El próximo año, ya podría implementarse y aplicarse este reconocimiento a aquellas empresas que cuentan con buenas prácticas laborales, independientemente del tamaño o número de trabajadores que tengan a su cargo”, aseguró la ministra durante una reunión con las empresas afiliadas a la Asociación Peruana de Recursos Humanos.

En este contexto, consideró que anualmente podría hacerse una evaluación de las empresas que cumplen determinados estándares laborales para ser reconocidas. Por el costo que implica, ahora, son pocas las empresas que han optado por certificados similares que emiten otras entidades, dijo la ministra.
El otorgamiento de los certificados de buenas prácticas laborales da cumplimiento a la RM Nº 118-2007-TR, que prevé dicho reconocimiento. Así, las buenas prácticas se sustentan, por ejemplo, en el cumplimiento oportuno de remuneraciones, participación de género dentro de la empresa, en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, erradicación de las peores formas de trabajo infantil, en no tener trabajo forzoso.

Igualmente, en poder incorporar a personas con discapacidad, básicamente en el respeto al ejercicio de la libertad sindical, la promoción de la negociación colectiva, el respeto al ejercicio del derecho de huelga.
“La responsabilidad social empresarial no es simple filantropía, es incorporar dentro de la gestión de negocios de la empresa, principios y valores éticos. Eso conlleva entonces que una empresa que aplique estas prácticas esté alineada con su visión, misión y la política que va ha realizar”, señaló.

En el mundo actual, las empresas están compitiendo no solo por obtener los mercados sino también por tener una buena reputación, aseveró García, quien añadió que en el Perú hay empresas que han obtenido licencia social, es decir, que las comunidades aceptan su presencia y su impacto favorable dentro del área geográfica donde se desempeñan.

Reducirán conflictos
La iniciativa legal presentada por el Ejecutivo al Congreso para agilizar los juicios laborales facilitará el acceso a los derechos de los trabajadores, fomentará una cultura del cumplimiento y reducirá los conflictos, afirmó la ministra de Trabajo, Manuela García, quien remarcó que las innovaciones incorporadas en el proyecto de la nueva Ley Procesal de Trabajo permitirá la culminación de estos juicios en seis meses.

García, de esta forma, presentó la iniciativa legislativa en el seminario Proyecto de nueva ley procesal del trabajo, que contó con la participación de los viceministros de Trabajo, Elisabed Cevallos; y, de Promoción del Empleo, Javier Barreda.
Además, intervinieron como expositores el ex ministro de Trabajo, Mario Pasco; el asesor del despacho viceministerial, Paúl Paredes; y los laboralistas Luis Vinatea, Javier Arévalo y Giovanni Priori Posada.

La puesta en práctica de esta iniciativa implicará además la implementación de un conjunto de actividades complementarias vinculadas a la formación y capacitación de los usuarios de la justicia laboral, el desarrollo de infraestructuras a nivel informático y de bienes muebles e inmuebles, la necesidad de redistribuir las competencias geográficas de los juzgados a partir de un mapeo de la conflictividad laboral a nivel nacional, entre otros.

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